Gallo Rojo No 3


Ya son tres los Gallos Rojos que hemos encontrado en la arena. Hay muchos gallos negros muy grandes en la media que miente, pero el rojo es valiente. Ahora la media sos vos, comparte este material con tus amigos y en tus redes.
Esto pretendemos con estas publicaciones, ser valientes con notas esta vez de Jorge Zabalza, los estudios de Willam Yohai, y otros intelectuales que nos ubicarán en la actualidad nacional e internacional.




viernes, 27 de mayo de 2016

"Juan Manuel de Rosas"


Gallo Rojo No 2
Por Jorge Zabalza
Salió en Voces



Alrededor del primer tercio del siglo XIX, los pampas, tehuelches, ranqueles, mapuches y araucanos eran dueños de los dos tercios de lo que hoy es la Provincia de Buenos Aires. Sus malones asaltaban estancias, secuestraban mujeres y niños, robaban ganado para venderlo en Chile. El latifundio bonaerense, cuya fuente de riqueza era el comercio exportador de ganado, no tenía otro remedio que encontrar una solución final al 'problema'. Al iniciar la 'Campaña del Desierto', Juan Manuel de Rosas prometió: 'quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas y habremos establecido la base de nuestra riqueza pública'. De la 'pacificación' del desierto -que, en realidad, eran praderas muy fértiles- salieron enriquecidos los amigos y protegidos del 'Pacificador' -como sus primos, los Anchorena-, pero también se conquistó un inmenso territorio codiciado por los británicos y chilenos. Planificada y ejecutada por Juan Manuel de Rosas, consolidó el Estado argentino, fue implacable con quienes se opusieron a sus planes y muy generosa con aquellos que se avinieron a respetar las fronteras fijadas por el caudillo Rosas. Crió como hijo suyo a Mariano, hijo del cacique Payné y se hizo socio de Calfucurá, quien cada año repartía entre los pacificados las 1.500 yeguas, 500 vacas, bebidas, yerba mate, tabaco, azúcar y grasa que le hacía llegar don Juan Manuel.

En 1845 las armadas de Inglaterra y Francia se propusieron 'abrir' por la fuerza el río Paraná para 'liberar' el comercio con las provincias argentinas y el Paraguay, es decir, vender muy caro sus productos industrializados y comprar muy barato las materias primas. Enviaron una flota de 22 barcos de guerra -impulsados por los recién inventados motores a vapor- y casi cien barcos mercantes con novecientos soldados británicos protegidos por 450 cañones de acero. Esperaban en la Vuelta de Obligado las tropas criollas al mando de Lucio Mansilla, unos seis barcos mercantes a vela, 60 viejos cañones de bronce y toneladas de coraje para derrochar. Aunque sumamente averiados por la metralla, los barcos imperialistas lograron romper las cadenas conque los criollos habían cerrado el paso del río. 250 muertos y más de 400 heridos sembraron su sangre en la Vuelta de Obligado, heroísmo que convocó la resistencia popular en las provincias y haciendo pírrica la victoria imperialista. Junto con tropas de Brasil y del general Fructuoso Rivera, los invasores terminaron encerrados en Montevideo, ciudad habitada más de 15.000 europeos, 11.500 orientales y 3.000 argentinos (unitarios, por supuesto), un reducto reaccionario de las fuerzas traicionaron el artiguismo para fundar la república del Uruguay. Luego del largo sitio puesto a Montevideo por el ejército comandado por Manuel Oribe, las armadas europeas terminaron retirándose, pues les salía demasiado costoso mantener la libre navegación del Río de la Plata y el Paraná. Parecían derrotados los apetitos colonialistas, pero el imperio de Brasil corrió a salvar de la derrota a sus aliados, los 'unitarios' bonaerenses y los 'colorados' montevideanos. El proyecto nacional fue finalmente derrotado en la batalla de Caseros en el año 1852 y Rosas debió exiliarse a Europa.

Historia escrita por los ganadores

Juan Manuel de Rosas fue, sin dudas, una figura central en la historia del Río de la Plata: como arquitecto del Estado argentino y conductor político de una trascendental guerra antimperialista. Sin embargo, en las escuelas y liceos del Uruguay lo presentaban como un tirano sanguinario; como señala Mario O'Donell, Rosas fue 'el maldito' de la historia oficial del Río de la Plata. Según Charles Darwin, que visitó el campamento de Rosas: “nunca se ha juntado un ejército que se parezca más a una partida de bandoleros. Casi todos los hombres son de raza mezclada; casi todos tienen en las venas sangre negra, india y española. No sé por qué, pero los hombres de tal origen rara vez tienen buena catadura". Puro racismo occidental y cristiano hacia la cultura criolla de los pueblos integrados por gauchos, mulatos, negros libres y pobladores originarios, la misma composición del ejército de José Artigas. Entre Mitre, Sarmiento y Alberdi defenestraron por 'bárbaros' a todos los caudillos montoneros que resistieron el proyecto antinacional y proimperialista del patriciado platense. Juan Manuel de Rosas fue la principal víctima de esta tergiversación de la historia al gusto de los colonizados por la cultura europea. Don Juan Manuel no figura en el nomenclator de Montevideo...es el reconocimiento más claro de su condición antioligárquica y antimperialista.

La interpretación subvertida de la realidad surtió efectos políticos mientas los acontecimientos estaban en pleno desarrollo, muchísimo antes de que fueran historia. Así fue que, junto con decenas de italianos, Giuseppe Garibaldi, carbonario piamontés, republicano convencido, supuso que Montevideo era una 'nueva Troya', bastión de la cultura y la civilización, asediada por el salvajismo retrógrado. Garibaldi se equivocó y se incorporó a las filas más reaccionarias del Río de la Plata. La revolución pasaba por aquellos ejércitos desarrapados, de cultura mestiza, que conmovieron América Latina desde las revueltas de los esclavos y libertos que fundaron Haití a fines del siglo XVII, hasta la insurrección campesina del zapatismo a comienzos del siglo XX.

La batalla de Santa Inés

Los primeros años del 2000 parieron un proceso inesperado, las movilizaciones sociales contra el neoliberalismo tomaron forma política como partidos que obedecen a la denominación general de 'progresistas' y que ganaron elecciones en Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina. Ganar elecciones quiere decir algo, pero no afectó al poder de la oligarquía, heredera del viejo patriciado del siglo XIX, y de los EEUU, continuador de los imperios europeos.

A Hugo Chavez no le dieron respiro, su ley de Hidrocarburos era un mal ejemplo para América Latina y el mundo y a poco de empezado su gobierno, ya había un golpe de estado en marcha. El equipo de George Bush, enfermo de guerrerismo y aprovechando el clima dejado por los atentados a las torres gemelas, arremetió contra el presidente legítimo de Venezuela. Declaraciones de funcionarios, presiones militares, complicidad de la cúpula gerencial de PDVSA, de la jerarquía eclesiástica y de los dirigentes sindicales de la CTV. Estaban repitiendo el esquema de la acción desestabilizadora en el Chile de 1973. El 11 de abril del 2002 intentaron derrocar a Chávez por la fuerza, pero los impidió su firmeza para no renunciar, la fe del pueblo venezolano y la dignidad de algunos militares. La acción de francotiradores y la represión policial en los alrededores del Palacio Miraflores, dejaron 19 muertos y cientos de heridos. La OEA no movió un pelo para repudiar el golpe y la violencia en las calles de Caracas. Dos días después Chávez volvió al gobierno.

Una vez fracasada la intentona, el golpismo debió abandonar la táctica. y organizó el sabotaje petrolero entre diciembre del 2002 y febrero del 2003. Venezuela tuvo pérdidas calculadas en 20.000 millones de dólares. La mayorría del pueblo venezolano, sin embargo, se mantuvo firme en su respaldo al gobierno de Chávez. En consecuencia, fue necesario cambiar nuevamente la táctica y recurrieron a un instrumento incorporado a la constitución bolivariana de 1999: usaron el referéndum revocatorio como arma para derrocar el gobierno. En aquél entonces, la derecha cometió 'errores' con las fechas para habilitar la consulta popular y se descubrieron cientos de miles de firmas falsificadas, debieron realizar dos campañas de recolección hasta que se alcanzaron las suficientes. La película 'referendum' que nos está dando Capriles Radonsky hoy día es la misma que nos dió en el 2004.

El 3 de junio del 2004 Hugo Chávez dió comienzo a la que llamó batalla de Santa Inés, recordando la dada por la milicia federalista de Ezequiel Zamora en 1859, cuando retrocedió hasta el poblado con dicho nombre, para atraer el ejército enemigo, emboscarlo y derrotarlo. Los enemigos de Zamora eran los mismos que quisieron tumbar a Chávez y los mismos que ahora enfrenta el pueblo bolivariano. El 15 de agosto el chavismo obtuvo el apoyo de casi el 60% del electorado: en realidad, más que revocatorio, el referéndum fue ratificatorio de la mutua confianza entre el pueblo venezolano y su líder. Le propinó tremenda paliza a la reacción venezolana impulsada los mayores y más inescrupulosos empresarios. No lo perdonarán jamás, ya tienen sus Mitre y sus Sarmientos distorsionando la realidad en la prensa, los análisis y los libros de historia.

Giuseppe Garibaldi

El 5 de noviembre del 2005, al influjo de Hugo Chávez y su energía desbordante, el progresismo latinoamericano se colocó en el orillo una marca antimperialista. Lula da Silva, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez y el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, lo secundaron para impedir que la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, aprobara otro engendro similar a la 'alianza para el progreso' aceptada en Punta del Este, 1961. Sin la intervención de Hugo Chávez, América Latina habría sido derrotada. ¡Qué humillación para los EEUU! y, en particular, para su presidente George Bush, el que olía a azufre. La persecución a Hugo Chávez ha sido implacable. El imperio lo colocó en el mismo lugar de 'maldito' donde habían colocado a Juan Manuel de Rosas. Ahora la 'civilización' son los EEUU y Europa, sus invasiones armadas en Medio Oriente y su racismo con los refugiados que huyen de la guerra. Nos quieren dar lecciones de 'democracia' desde la CNN y la BBC. La OEA suena a través de su secretario general, augurando las intervenciones armadas que siempre fueron el juego del imperio. Sin olvidar que Luis Almagro es lo más estrepitoso del fracaso de esa política de alianzas de 'abrazarse con las culebras' característica del MPP.

Entnces, ¿qué hacemos desde la intención de hacer la revolución? ¿sumamos al coro de las críticas el análisis marxista de las múltiples debilidades y errores del actual gobierno venezolano? ¿hacemos como Garibaldi y terminamos aliados de hecho a las fuerzas más reaccionarias del mundo? No cabe olvidar que, durante décadas, los socialistas y comunistas argentinos sumaron argumentos 'objetivos y científicos' a la condena mitrista a Juan Manuel de Rosas. El falso dilema 'civilización o barbarie' continúa confundiendo y ocultando por dónde caminan los pueblos sin pedirnos permiso a los comentaristas de la realidad. No tengo dudas que se fumiga y defenestra hoy día a Nicolás Maduro con la misma intención ideológica conque se defenestró y fumigó a Juan Manuel de Rosas, aunque, por supuesto, el presidente venezolano ofrece muchos más flancos débiles que fortalezas. Aún así, no tengo ninguna duda en abrazarme con el 35% del pueblo venezolano, el que se autoproclama chavista y antimperialista y que cree estar caminando hacia el socialismo y soportar, junto con ellos, las estupideces de algún filósofo de boliche. Es el mismo pobrerío mestizo que menospreció Darwin, el que rodeó a José Artigas y a Simón Bolívar...la revolución pasa por esa abigarrada muchedumbre de camisas rojas.






Ajuste fiscal: El público y el "secreto"

 Gallo Rojo No 2

Sorpresas al revisar los números oficiales 

Autor: William Yohai
26 de mayo de 2016



Los recientes anuncios del poder ejecutivo en relación a una propuesta de “consolidación” fiscal han hecho muchísimo ruido y generado innumerables horas de radio 1 y video así como ríos de tinta.
No los comentaremos ahora. Lo hicimos el lunes 23 pasado en nuestro programa de radio con los datos disponibles entonces y el poco tiempo que dispusimos para “metabolizarlos”.
Sin embargo al analizar los números de ingresos y egresos del sector público 2 no financiero que informa el ministerio de economía y finanzas hasta marzo último nos llevamos una sorpresa. El cuadro de más abajo refleja un resumen de los datos.




La primera columna de números compara la variación porcentual entre el primer trimestre de este año y el mismo período del año pasado. O sea enero-marzo de ambos años.
La segunda compara el semestre que terminó en marzo de este año (octubre-marzo) con el mismo período que comenzó en octubre de 2014 y terminó en marzo de 2015.
La tercera compara los años que terminaron en marzo. El que lo hizo en 2015 y el que lo hizo en 2016. El mes final de los 3 períodos de tiempo es marzo ya que es el último mes que publica el mef.
Establecimos estos 3 períodos de comparación para evitar las fluctuaciones bruscas que a veces pueden llevar a visiones erróneas y que se dan, sobre todo, al comparar espacios de tiempo más cortos.
De una observación detenida del cuadro saltan a la vista hechos notables:
1) El rubro “ingresos” mantiene una relativa constancia. Las variaciones son menores a 1% excepto cuando se comparan los semestres indicados. Esto parece compatible con el estado general de la economía que resumiríamos como “desaceleración” (hasta 2014) “estancamiento” (2015) y tendencia a la recesión, fenómeno que se empieza a notar sobre todo este año. No hay, obviamente, datos de cuentas nacionales. Los últimos publicados corresponden al último trimestre de 2015. Algunas observaciones que se pueden considerar indicadores “adelantados” apuntan hacia esta última.

2) Los que sí caen son los “egresos primarios”, o sea, los que se contabilizan antes del pago de intereses de la deuda pública. Y lo hacen en forma contundente en cualquiera de los 3 períodos considerados. Y esto sí que es un verdadero ajuste fiscal por el lado del gasto en el sentido más literal del término.

3) El ítem “pasividades” expresa variaciones fluctuantes según los períodos considerados. Sin embargo, teniendo en cuenta que el más valioso de estos es el de mayor duración, el anual, este acápite adquiere gran relevancia. En efecto una modificación a la suba de casi 2% en el rubro implica una gran peso en el resultado fiscal total. Más abajo proponemos un cuadro donde la significación de esta variable queda clara. Al mismo tiempo esta situación explica, al menos en parte, la insistencia del equipo económico en pasar a un régimen de caída de los salarios reales . No debemos olvidar que las pasividades reajustan de acuerdo al índice medio de salarios nominales. Automáticamente al reducir los aumentos salariales se están reduciendo los egresos por concepto de pasividades. La argumentación respecto al no aumento de los salarios reales para “conservar el empleo” no parece más que un justificativo que oculta las razones reales. En el fondo lo que más importa, por lejos, es lo que el presidente Vázquez transparentó en un reciente mensaje emitido por cadena de medios electrónicos: conservar el “grado inversor” que otorgan las agencias calificadoras de riesgo. Estas dan suprema importancia a la reducción sistemática del déficit fiscal para que se libere para el servicio de la deuda pública la mayor cantidad de recursos. Es que el estado debe refinanciar año a año una cifra que oscila entre 6 y 9 mil millones de dólares de vencimientos de aquella. Si la tasa de interés a que se refinancian esos vencimientos se dispara (consecuencia automática de perder el grado inversor) el país entraría rápidamente en una crisis de deuda.

4) La gran sorpresa (para este escriba, al menos) nos la llevamos cuando vimos los números del rubro “remuneraciones”. Obviamente esto último corresponde a salarios reales devengados (pagados) y probablemente esté fuertemente influido por la tendencia a cortar contratos tercerizados o de funcionarios que operan bajo la figura de empresas unipersonales. Inferimos esto dado que no ha existido una, casi imposible por otra parte, ola de despidos de funcionarios presupuestados.
Si optamos por no tomar en cuenta la insólita caída de 21% del rubro entre los primeros trimestres de 2015 y 2016 pensando que pueden obedecer a algún fenómeno coyuntural que se nos escapa nos queda la caída de entre 12 y 13% en los períodos semestral y anual.

Y esto sí que es un bruto ajuste fiscal.

5) No sorprende mucho, en cambio, el, más que caída, despeño, de la inversión pública. Aquí el número más moderado es el que refleja los primeros trimestres de ambos años. La explicación de la enormidad del descenso (entre 28 y 33%) del parámetro en los períodos anual y semestral probablemente se explique porque “capturan” parte del año 2014. Que fue precisamente año electoral cuando según hemos demostrado en algún otro trabajo todos los gobiernos democráticos excepto el de Jorge Batlle procesaron grandes aumentos de la inversión pública.

6) Como no podía ser de otra forma, dada la configuración de la economía que domina el país, en este período de “viento de frente” el rubro del gasto que sube en forma consistente es el del pago de intereses de deuda pública. Debemos reconocer que al analizar aquí sólo el sector público no financiero, o sea, al excluir los pagos del banco central del Uruguay, estos números relativos a la evolución de dichos pagos están, probablemente, inflados. En efecto, el bcu ha procesado a partir de mediados de 2015 y en respuesta al comienzo de una salida de capitales de la economía que provocó un sistemático aumento del tipo de cambio real, una reducción importante (más de 50%) tanto de sus reservas “sin contrapartida de los sectores público y financiero” cuanto de sus obligaciones bajo la forma de letras de regulación monetaria. Este proceso provocó seguramente una caída de los intereses que paga esa institución.

Para mejor cuantificar las variaciones en diferentes rubros del gasto elaboramos el cuadro siguiente 3:



En él éstas se expresan como porcentaje del producto bruto interno. Se observa que los montos son significativos. Los egresos reales totales caen menos que las remuneraciones y las inversiones debido al aumento del gasto en pasividades. Rubro éste extremadamente inelástico, difícilmente modificable desde el poder ejecutivo.

Si lo expresamos en dólares la caída en las remuneraciones suma casi 350 millones. La de las inversiones monta 470 millones. Entre los dos superan ampliamente la “consolidación fiscal” propuesta hace algunos días.

En conclusión el ajuste fiscal que se manifestó por el aumento de tarifas por encima de la inflación a fines de 2015, por una modificación en la liquidación de IRAE por la vía de no permitir ajustes del tipo de cambio y por algunas otras vías de menor repercusión pública, fue apenas una pequeña parte del que transcurrió bajo cuerda y que se transparenta al revisar los números oficiales. A su vez el proceso aquí analizado supera también el que anunció el ministerio de economía hace unos días y que tanto escándalo está provocando.



1 El programa se pude ver en: youtube tipeando “resonando2013”
2 La información se encuentra en: https://www.mef.gub.uy/540/1/mef/informacion-de-resultados-del-sector-publico.html
3 Tomamos datos algo desfasados: la última variación anual disponible, o sea, la que existe entre el año terminado a marzo de 2015 y de 2016 y la contrastamos con el pbi real de 2015. El resultado no es completamente exacto pero seguramente no se desvía mucho de la realidad.





El presidente off shore


Gallo Rojo No 2


Macri llegó a la presidencia con banderas de transparencia y eliminación de la corrupción y ya está involucrado en un desfalco de envergadura. Los Papeles de Panamá destaparon su titularidad de empresas off shore que nadie constituye por motivos lícitos. Como mínimo esas sociedades son gestadas para evadir impuestos, fugar capital u ocultar administraciones turbias de fondos.
Por esta razón el presidente no las incluyó en su declaración de impuestos. Inicialmente intentó negar su participación en esas compañías y finalmente aceptó su presencia en una (Fleg Trading). Pero luego apareció otra (Kagemucha) y en total serían siete.
Macri afirmó que las firmas fueron creadas para realizar una inversión posteriormente desechada en Brasil. Pero no explicó por qué motivo ese emprendimiento requería generar un fondo intermediario en Bahamas. Declaró que la empresa se disolvió sin realizar actividades, pero hay evidencias de gran movimiento de dinero en la inmóvil compañía.
La falsedad siguiente fue más ridícula. Macri argumentó que ejerció un papel ocasional como director por pedido familiar, como si ese cargo no entrañara responsabilidades. Minimizó su labor señalando que no fue accionista omitiendo la irrelevancia de esa función. En las firmas off shore las acciones son al portador y sus tenedores son tapados o ficticios. En cambio el director adopta decisiones y es muy sospechoso que no declare ingresos por ese rol.
Una investigación elemental de los movimientos de las firmas revelaría rápidamente lo que se está ocultando. Las off shore se crean para mantener ese secreto. Pero como presidente del país debería ser obligado a mostrar qué hay detrás de esas empresas.
PRONTUARIO DEL GRUPO
Las motivaciones del ocultamiento saltan a la vista: el grupo Macri siempre protegió su fortuna en guaridas del exterior. Al principio fue Italia (Lugano) y luego Bahamas o Panamá. Ya circulan varias hipótesis sobre las razones del último escondite.
El emporio familiar ha sido afectado por numerosos conflictos que condujeron a la división del patrimonio en tres partes (Macri Group, Sideco Americana, Constructora Iecsa). Las firmas off shore son utilizadas para administrar esas tensiones sin ningún control del fisco.
Algunos piensan que con esa pantalla se lavó el dinero de ventas ficticias al pariente Calcaterrera o que esa transferencia ocultó testaferros. Otros consideran que se enmascararon las propiedades de Mauricio para sortear incompatibilidades con su rol de intendente y presidente. En ambos cargos ha firmado licitaciones a favor de otros miembros del clan.
Los pases de propiedad y las ventas simuladas entre empresas están incorporados a las transacciones corrientes de un grupo que perpetró incontables fraudes. En 1982 lucraron con el endeudamiento en divisas y el posterior rescate oficial de varias empresas (Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Dragados y Obras Portuarias). En 1989 cobraron sobreprecios por contratos de recolección de basura (Manliba). En 1995 realizaron un gran contrabando de autopartes en el sector automotor (caso Sevel) que fue descubierto, corroborado y luego perdonado por los jueces menemistas
La secuencia de estafas continuó con el cobro de peajes en rutas sin ninguna contrapartida de inversión y con la fuga masiva de capital durante el colapso del 2001. La familia se benefició también con la pesificación asimétrica (2002) y con la privatización del Correo mientras esa operación generó ganancias. Durante la era K obtuvieron lucrativos contratos de obra pública.
Los Macri se han enriquecido a costa del estado. Se especializaron en la gestión de coimas y en la obtención de subsidios oficiales para financiar sus quebrantos. Como fracasaron en muchos negocios lograron diseñar auxilios a su medida con los funcionarios de turno. Con ese auto-socorro en mente Macri impulsó la creación de firmas off shore en la ciudad y ahora prepara un blanqueo general de capitales.
El adalid de la transparencia no distingue mucho la frontera entre lo público y lo privado. Su actual secretario legal y técnico (Clusellas) dirigió el estudio encargado de gestionar las operaciones off shore del grupo familiar.
Otro personaje del mismo entramado que maneja la intendencia de Lanús (Grindetti), creó una off shore en Panamá con poder para operar en Suiza, durante su gestión como ministro de Mauricio en la ciudad. Algunos sospechan que también esas cuentas incluyen dinero de los Macri.
La corrupción es un dato cotidiano del gobierno actual. El presidente viaja al sur y se aloja en la quinta de un magnate inglés que usurpa tierras de la Patagonia (Lewis), utiliza helicópteros privados para traslados oficiales y auspicia el nombramiento de familiares, amigos y novias en todos los niveles del estado. Ahora sabemos que la “Ceocracia” gobernante es también una “Off-shorecracia”, que transfiere al exterior la ganancias obtenidas en el país.
LA NORMA DE FUGAR Y EVADIR
Macri ha contado con un gran blindaje para frenar el escándalo de sus empresas off-shore. Garantiza ante todo su impunidad a través de la oficina anti-corrupción. En lugar de iniciar una investigación de los papeles de Panamá ese organismo repite los pretextos del presidente. También obtiene amparo de la Unidad de Investigación Financiera, que ha sido copada por banqueros expertos en la fuga del capital.
Macri aprovecha con la protección del arco político patronal que rechazó en el Congreso un pedido de informes sobre su patrimonio. Carrió se autoerigió como jueza del problema y ya dictaminó la inocencia del sospechado, a partir de inconsistentes documentos que le acercó el padrino Franco.
Pero la principal cobertura del presidente proviene de los grandes medios de comunicación, que ocultan la repercusión internacional de las revelaciones de Panamá. La Nación silencia el tema a pesar de integrar el circuito de diarios que destapó el escándalo. Como los propietarios del periódico tienen una firma off shore semejante a la familia Macri el silencio contribuye a la auto-preservación.
Los medios también aportan argumentos para justificar lo indefendible. Afirman que Macri sólo cometió un involuntario error al omitir información impositiva, cuando es evidente la intencionalidad fraudulenta de crear un sello fantasmal en el exterior.
Afirman que esas empresas son “legales”, omitiendo el curioso status de compañías forjadas en un país para violar las normas vigentes en otro. Además, olvidan que la frontera entre lo lícito y lo ilícito es muy borrosa en paraísos que administran la evasión de impuestos junto al tráfico de drogas.
Otras justificaciones señalan que abrir un cuenta off shore “es normal” en un país carente de “confianza, seguridad o reglas claras”. Con ese argumento presentan a los responsables del vaciamiento financiero como inocentes víctimas. Presuponen que los capitalistas tienen derecho a no pagar los impuestos que tributa el resto de la ciudadanía.
Pero el grueso del oficialismo no pierde tiempo en explicaciones. Recurre a la vieja coartada de remitir el problema a los tribunales. Repiten el llamado a que “la justicia investigue”, sabiendo que por ahora ningún juez tomará el caso en serio. Los principales magistrados son servidores del gobierno de turno que congelan las demandas comprometedoras. Sólo retoman esas causas cuando los presidentes pierden poder.
Siguiendo esta regla los jueces protegen actualmente al oficialismo, mientras arremeten contra el kirchnerismo. Taponan los Papeles de Panamá y todos los días descubren algún nuevo desfalco de la era K. Han destapado la fortuna ilegal de los Báez que disimularon durante una década. Con arrepentidos, confesiones y videos ilustran las estafas de Santa Cruz para que nadie hable de las malversaciones off shore.
Bastaría hurgar un poco en los contratos que suscribió Macri intendente con sus familiares (Calcaterra) y amigos (Caputo), para descubrir el mismo mecanismo de enriquecimiento que engordó a Báez. Incluso podría notarse que esas compañías fueron las principales socias del santacruceño.
Los íntimos del presidente ganaron dudosas licitaciones, manejaron el 30% de las obras de la ciudad, no concluyeron los emprendimientos prometidos y obtuvieron insólitos permisos de construcción en áreas privilegiadas. Ahora se disponen a lucrar con la ampliación del monto de contrataciones oficiales directas.
La misma doble vara rige la causa del dólar futuro. Un juez de la servilleta acusa a Cristina por grandes pérdidas del estado, en los contratos que compensaban una devaluación cantada. Pero los capitalistas próximos al gobierno que lucraron con la misma operación son exculpados (Caputo, Torello, Quintana).
Todo sirve para acallar los Papeles de Panamá. Ese silencio es particularmente promovido por los bancos especializados en la malversaciones off shore, que intermediaron en el reciente acuerdo con los buitres. Sólo el HSBC manejó 4001 cuentas bancarias no declaradas en Suiza de grandes acaudalados de Argentina.
Los financistas han copado el gabinete colocando 27 altos directivos en lugares estratégicos del gobierno. La mayoría trabajó en Wall Street y ya diseñaron canjes de deuda, emisión de títulos nacionales y provinciales y la repetida bicicleta de altas tasas de interés con el dólar planchado. Manejan estos negociados con la misma familiaridad que la operatoria off shore.
El ocultamiento de cuentas en el exterior es casi una política de estado impuesta por la alta burguesía, que tiene depositado en los paraísos enormes fortunas. En el listado de Panamá no sólo figuran todos los popes del capitalismo local (Coto, Pérez Companc, Amalita, Clarín). También Techint ha transferido su sede administrativa a Luxemburgo e YPF-Chevron acordaron pagos off shore en su último contrato. Hasta personajes renombrados de los medios (como Nisman o Angelici) tienen operaciones propias en los paraísos. Las firmas de Macri son un fiel reflejo de toda clase dominante.
CONTRADICCIONES DEL IMPERIO
Obama enfrenta un dilema frente al caso Macri-Panamá. Por un lado intenta sostener a su nuevo servidor del Cono Sur y por otra parte necesita tomar distancia de un escándalo en puerta.
El presidente argentino garantiza sometimiento a Estados Unidos en un momento de creciente inestabilidad en Brasil y otorga todo a cambio de nada. Permite que la DEA, la CIA y el FBI desembarquen en el país, mientras el Departamento de Estado continúa apoyando a Gran Bretaña en la usurpación de Malvinas.
Macri se aproxima a la Alianza del Pacífico, acepta una relación comercial asimétrica con el Norte, avala la obstrucción del desarrollo nuclear autónomo y renegocia la presencia china
Pero esta sumisión no le impide a los grandes medios estadounidenses ( NYT, WP, CBS) informar los negocios que se silencian en Argentina. Macri comienza a ser visto como el típico presidente corrupto del Tercer Mundo, que los yanquis abandonan cuando se torna inservible.
La problemática off shore suscita actualmente reacciones contradictorias en Estados Unidos. No cabe duda que los paraísos han servido al capitalismo norteamericano, desde que Panamá aportó su etiqueta a los buques petroleros que no tributaban en ninguna parte.
En los años 60 las inversiones extraterritoriales fueron incentivadas por el Tesoro yanqui para solventar el déficit fiscal con divisas recaudadas en el exterior. El mercado de eurodólares potenció ese mecanismo de absorción de los capitales excedentes. Posteriormente la misma captación incluyó el dinero de la mafia y la droga.
Los paraísos fiscales se expandieron a otra escala en las últimas tres décadas de neoliberalismo. Se estima que en la actualidad movilizan unos 11,5 billones de dólares, bajo el estricto monitoreo de Wall Street, el FMI y el Departamento del Tesoro.
Pero en los últimos años apareció un conflicto en la gestión de esos fondos entre las firmas radicadas dentro y fuera de Estados Unidos. En Nevada, Dakota del Sur, Wyoming o Delaware operan empresas con los mismos atributos que ofrecen las off shore del Caribe. Sólo Delaware cuenta con 1.181.000 sociedades para lavar dinero de cualquier origen.
Estados Unidos se ha convertido en una aspiradora del dinero sucio que circula por otros paraísos. Suiza y Luxemburgo ensayan alguna cogestión para atemperar esa competencia y también Londres -que maneja el 24% del negocio- participa de la disputa.
La difusión de los Papeles de Panamá forma parte de esta guerra entre financistas. El listado no fue divulgado por hackers o wikileaks, sino por un consorcio localizado en Washington y financiado por Soros y Rockefeller. Se ha publicado sólo una porción mínima de los voluminosos archivos anunciados y hay muy pocos estadounidenses entre los nombres que tomaron estado público.
Panamá ha sido la tercera filtración de una secuencia que afectó anteriormente a Luxemburgo y Suiza. Las firmas establecidas en el país centroamericano o en Bahamas se ubican en lugares muy distantes (número 13 y 25) del ranking encabezado por Suiza, Hong Kong y Estados Unidos. La rivalidad en curso incluye también cínicas campañas para ponderar la transparencia de los yanquis frente a la opacidad de sus competidores.
Pero el régimen off shore afronta un problema más agudo; ha creado graves quebrantos fiscales en todo el mundo. Al tolerar que las empresas eludan la tributación con un simple cambio de domicilio ha socavado los pilares de la recaudación. La magnitud de los impuestos evadidos ya alcanza cifras descomunales. Sólo entre 2008 y 2014 las 50 mayores empresas de Estados Unidos transfirieron 1,4 billones de dólares a los paraísos.
Por esta razón los off shore están en la mira de sus propios promotores. Desde el temblor financiero del 2008-09 todas las cumbres de las grandes potencias han incluido algún debate sobre el tema. Nadie sabe cómo resolver el problema pero todos deben considerarlo, a medida que se agiganta el bache fiscal.
Macri es un personaje irrelevante en ese escenario. Puede zafar o quedar muy involucrado en los perdones o sanciones, que emerjan de cualquier reorganización de los paraísos.
EL KIRCHNERISMO ENTRAMPADO
El kirchnerismo motoriza las denuncias del negocio off shore para contrarrestar la avalancha judicial que Macri promueve contra Cristina. Cuestionan la doble vara que se ha instalado para juzgar a ambas figuras. Los errores involuntarios del primero son contrastados con las malversaciones premeditadas de la segunda.
Este contrapunto es alentado por un sector derechista (Carrió), que pretende afianzar al gobierno con el discurso de la herencia y la venganza anti-K. Otra fracción (Pinedo) prefiere concertar con el peronismo, para recrear los pactos que consagraron la impunidad de Menen y De la Rúa. Los jueces aceleran o frenan las acusaciones contra Báez en función de esa disputa.
El kirchnerismo sugiere que todos los dólares contados en la Rosadita son irrisorios en comparación a los desfalcos perpetrados por la familia Macri. Detalla los fraudes de su rival, pero se muestra muy reticente a aclarar lo ocurrido en el propio campo. En este terreno plano repite todos los lugares comunes del oficialismo. Convoca a que la “justicia investigue” y se excusa de emitir cualquier opinión antes que aparezca algún dictamen de los tribunales.
Esta postura le impide al kirchnerismo hablar seriamente de la corrupción. Ensayan un relato inverso al macrismo exculpando a Cristina de todo. Aceptan que Báez, Boudou o Jaime cometieron irregularidades, pero niegan cualquier ilegalidad del matrimonio Kirchner. Es la misma actitud que adoptan los hombres del PRO para eximir a Mauricio de todas las anomalías cometidas por su padre.
Los indicios de complicidad del Néstor (como gobernador y presidente) con las estafas de Báez son abrumadores. Apañó el sistema de sobreprecios en la obra pública y su transformación en divisas fugadas al exterior, que luego eran reconvertidas vía lavado en propiedades o activos.
En ese entramado participaron colaboradores financieros del ex presidente (Clarens), que abrieron cuentas en Estados Unidos, España, Uruguay y Panamá. Un ex secretario de Néstor (Daniel Muñoz) figura en el mismo listado off shore que compromete a Macri. El estudio panameño que organizaba los fraudes asesoró a Báez, pero toda la operatoria se habría descontrolado con el ingreso de varios aventureros al manejo del lavado (Fariña, Elaskar)..
Estas denuncias tienen la misma solidez que las acusaciones sobre la familia Macri. El malabarismo K para cuestionar un caso omitiendo el otro genera infinitas inconsistencias. El kirchnerismo intenta disimular la similitud de muchas estafas, para ocultar que el negocio off shore prosperó por su tolerancia a la gran fuga de capitales de la década pasada.
Los niveles de corrupción de ese período estuvieron muy lejos de la fiesta menemista o del robo organizado de la dictadura. Pero incluyeron numerosos fraudes por parte del grupo que manejó las contrataciones públicas. Con formas muy desprolijas esas malversaciones ampliaron varios patrimonios personales. Néstor y Cristina, por ejemplo, nunca pudieron explicar el insólito engrosamiento de sus bienes. La fortuna de Báez y el emporio de Cristóbal López son ramificaciones del mismo proceso.
Al minimizar estos fraudes afirmando que “Macri es peor” se olvida que ningún robo puede ser convalidado con argumentos de “mal menor”. Quiénes afirman que “hubo corrupción pero se favoreció al pueblo” agachan la cabeza frente a la cleptocracia y repiten la vieja resignación ante los que “roban pero hacen”. Esa actitud impide revisar todas las falencias del kirchnerismo.
EL BOOMERANG DE LA CORRUPCIÒN
Varios diarios occidentales han situado a Macri junto a los corruptos del Tercer Mundo. Es uno de los cinco mandatarios en funciones involucrado en negocios off shore y se lo ubica en un lugar próximo a los gobernantes de Ucrania, Sudáfrica, Sudán o Arabia Saudita. El blindaje local no puede protegerlo de ese retrato de la prensa internacional.
El estudio que utilizaron los Macri (Mossack Fonseca) es conocido por protagonismo en el submundo de las finanzas. Está involucrado en el Lava Jato de Brasil y en ocultamiento de los bienes de la familia real española. Sus conexiones con México disparan todas las alarmas, desde que se supo que el Cartel de Sinaloa depositaba sus ingresos en el HBSC, siguiendo las huellas de la Camorra italiana en la City de Londres.
Macri supone que sorteará los efectos del escándalo de Panamá. Pero por la misma causa ya renunció el primer ministro de Islandia y Cameron se encuentra bajo asedio en Inglaterra. También dimitió un ministro de industria del gobierno derechista de España que ponderan todos los seguidores del PRO.
Las empresas off shore representan una pesada carga para el futuro político de Macri. El establishment utilizará esa carta para evaluar su gestión, acallando o potenciando las consecuencias de esa irregularidad según el curso que adopte su gobierno.
Pero el destape de Panamá también indica cuán riesgoso es utilizar la bandera de la corrupción para cualquier operación política. El estandarte que esgrimen los políticos reaccionarios para socavar a los gobiernos progresistas de Sudamérica se puede convertir en un boomerang, si la cruzada continúa bajo el mando de corruptos tan descarados.
Macri es un ejemplo de esa contradicción y carece de autoridad para exigir transparencia luego de ocultar sus negocios off shore. Pero un contrasentido mucho mayor se está gestando en Brasil, luego de golpe consumado por una pandilla de bandidos.
Utilizaron el pretexto de la corrupción para desplazar a Dilma sin exhibir la menor prueba de esa acusación. Impusieron la destitución por una infracción administrativa del presupuesto que ha sido frecuente en todos los gobiernos. Para colmo, coronaron a un vicepresidente que participó en la misma adulteración de la contabilidad fiscal.
El nivel de corruptela de los golpistas es indescriptible. El presidente de la Cámara y artífice del operativo -Cunha- debió se acallado por su complicidad en incontables delitos. Lo mismo vale para Temer, que en lugar de la presidencia debería estar alojado en una celda. Como muy bien definió el New York Times: “Dilma no robó nada y fue juzgada por una banda de ladrones".
Los golpistas son aventureros que participan en partidos de alquiler, para venderse al mejor postor a la hora de capturar las prebendas oficiales. Protagonizaron la bochornosa sesión del Parlamento que votó el impechment sin referirse a la acusación. El 60% de los personajes que en esa sesión ponderaron a torturadores, militares, evangélicos, nietos, esposas o amigos del barrio, arrastra causas judiciales.
Los golpistas ya designaron ministros conservadores, anuncian planes de ajuste y preparan operativos de represión. De los 23 miembros del gabinete 7 están procesados y 12 participaron en las coimas de Petrobras. Esa gente intentará justificar su gestión con argumentos de transparencia. Los malversadores que restauran el neoliberalismo con insólitas banderas de honestidad están encendiendo una hoguera en la región.
UNA BANDERA DE LA IZQUIERDA
La corrupción es intrínseca al capitalismo y se alimenta de la estrecha relación que mantienen las clases dominantes con las elites del funcionariado. Los poderosos acumulan riquezas utilizando las garantías legales del estado y los mecanismos que violan esas normas. El equilibrio entre ambas fuentes varía en cada país y período, pero es un dato generalizado del sistema actual.
El neoliberalismo acentuó la corrupción con los paraísos fiscales, para aligerar la carga impositiva de los privilegiados y descargar todo el peso de la tributación sobre los trabajadores.
Por eso la desigualdad social se ha incrementado en forma explosiva. Los estados recaudan menos y utilizan sus recursos para rescatar a los capitalistas cuando estalla la crisis (2008-09). El negocio off shore es un engranaje de ese dispositivo. Asegura la expatriación de beneficios mientras los estados nacionales solventan las pérdidas.
En América Latina esa desventura es mayor por la magnitud de la localización externa de las ganancias. Se estima que sólo por evasión con exportaciones fueron sustraídos del fisco 600 mil millones de dólares al año entre el 2002 y el 2011. La restauración neoliberal en curso agrava el problema. Facilita la expatriación de los beneficios mientras impone al pueblo mayor austeridad.
La derecha presenta una imagen invertida de esa realidad. Culpa a los desposeídos y exonera a los millonarios. Utiliza, además, el discurso anti-corrupción para movilizar a las clases medias irritadas o desilusionadas con el progresismo. Este lema ha calado también entre los sectores populares fatigados con el doble discurso del kirchnerismo o el lulismo.
La corrupción no es tema menor, ni se ubica naturalmente en el campo de la derecha. Es un legítimo reclamo popular de transparencia y probidad en el manejo de los fondos públicos. Es una exigencia que la izquierda debe asumir con propuestas de control social efectivo de la administración estatal y punición de los malversadores.
Pero estas demandas requieren total limpieza en el campo popular y una valoración permanente de la ejemplaridad de los dirigentes. Son reclamos que exigen actuar en espacios políticos con tolerancia cero hacia los corruptos. Este principio ha sido burlado por el kirchnerismo y se agrava con su permanencia en el partido justicialista.
Lo ocurrido con el PT de Brasil es igualmente ilustrativo. Su dirigencia quedó comprometida en el entramado del Menselao y con el turbio manejo del Petrolao. Gobernaron aceptando oscuros pagos por la aprobación de leyes y convirtieron a sus funcionarios en embajadores de las multinacionales.
Esta complicidad con el poder desmoraliza a las bases y desilusiona a los militantes. Cuando se acepta el capitalismo como único horizonte posible se avala también la ilegalidad que exige ese sistema. La izquierda puede liderar la batalla por la honradez si confronta con la matriz capitalista de la corrupción.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212593



Brasil-Venezuela: ¿y ahora qué hacemos?


Gallo Rojo No 2
Pablo Stefanoni
 
Cómo utilizar una misma vara, desde la izquierda, para pensar la situación venezolana y brasileña

Brasil-Venezuela: ¿y ahora qué hacemos?
La crisis en Brasil y Venezuela presenta no pocos problemas para las izquierdas y las fuerzas populares latinoamericanas. La coincidencia temporal de ambos sucesos obliga a buscar una vara común para evaluarlos, a riesgo de mostrar serias inconsistencias argumentativas –lo que, hay que decirlo, no desanima a algunos opinadores de las izquierdas «antiimperialistas» continentales–.

En el primer caso, asistimos, dicho en el portugués inventado de los hispanohablantes, al grotesco «mais grande do mundo», en el que una banda de congresistas corruptos, reaccionarios y oportunistas escenificaron un impeachment aprovechando la mayoría opositora en las Cámaras y el masivo rechazo contra la corrupción.
Se trató de una conspiración política de grandes dimensiones, montada por funcionarios como Eduardo Cunha –presidente del Congreso y apartado apenas de votó el juicio político impulsado por él–, acusados de numerosos actos de corrupción y diversos delitos. Paradójicamente, no suspendieron a Rousseff por corrupción sino en virtud de la acusación de maquillaje del déficit. «impeachment sem crime e golpe», denunció sin éxito el PT. Y el ya renunciado ministro Romero Jucá admite en una conversación filtrada que la suspensión de Dilma buscaba frenar las investigaciones judiciales que involucraban a parte de la elite parlamentaria.
Pero esta conspiración fue posible solo en virtud de un sistema político (proporcional de lista abierta) que destruye la incidencia de los partidos y fragmenta de tal forma el sistema parlamentario que impide la constitución de voluntades colectivas transformadoras. Así, Dilma, que fue elegida con el 42% cuenta solo con un 15% de los diputados (que en su enorme mayoría son hombres y blancos). Por su parte, la denominada «Bancada da bala» (ex policías y militares) junto a ruralistas y evangélicos conforman una derecha sobrerrepresentada gracias al sistema electoral. Como ha señalado el politólogo Germán Lodola, no se puede entender la política brasileña desde los modelos imperantes en otros países de la región: en Brasil, «los presidentes son siempre minoritarios y lo que hay que mantener es un gobierno de coalición». En ese contexto, grupos de poder como los ruralistas, mediante su bancada y su control de la Comisión de Agricultura, son capaces de frenar cualquier atisbo de reforma agraria, en tanto que los evangélicos constituyen un grupo transversal a los partidos.
Para explicar la caída de Dilma es mejor alejarse de los memes que muestran la foto de una Dilma guerrillera como blanco del «golpe»: el gobierno de Dilma no solo nombró a la agrosojera Kátia Abreu a la cabeza del ministerio de Agricultura o al neoliberal Joaquim Levy en Finanzas, sino que ya desde la era Lula el PT se volvió una fuerza crecientemente desmovilizada. Pero, a su turno, tampoco parecen suficientes los análisis politológicos más asépticos. Es cierto, como ya se señaló, que el problema central de Dilma es que se destruyó su coalición de gobierno con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una fuerza básicamente oportunista de la que proviene el vicepresidente Michel Temer, ahora a cargo del Ejecutivo. El nuevo gobierno, con aristas claramente conservadoras, ha construido su propia base de apoyo repartiendo ministerios entre todos los partidos opositores de centroderecha y derecha. Ahora bien, eso ocurre con el trasfondo de una masiva movilización de las fuerzas «anti-PT», que incluyen rechazos clasistas y antiplebeyos a los avances sociales –materiales y simbólicos– de la década larga de gobierno de centroizquierda. El PT no solo perdió en la arena institucional sino, de manera más preocupante, en la calle. Y todo ello ocurrió en el marco de una especie de Mani Pulite a la brasileña, que repitió problemas de la experiencia italiana y agregó aristas vernáculas tropicales. Hoy varios poderosos empresarios están tras las rejas, pero en el plano político quien pagó el costo más alto por el Lava Jato (megacorrupción en Petrobras) fue sin duda el PT.
En paralelo a esta crisis, asistimos al agravamiento de la situación en Venezuela. Allí, la oposición logró por primera vez, el 6 de diciembre pasado, derrotar al (pos)chavismo en las urnas y lo hizo con contundencia. El choque de poderes estaba cantado. Mientras el oficialismo controla el Poder Ejecutivo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional y, desde ese espacio institucional legítimo, busca la forma de destituir a Maduro en medio de una crisis con dimensiones de derrumbe societal posbélico. Durante la era Chávez, se había instalado una barrera entre la mayoría popular chavista y la oposición que hacía que no operara el tradicional voto castigo (cuando las cosas van mal se vota por la oposición realmente existente) ya que para esas mayorías, los opositores eran «contrarrevolucionarios» y sus líderes solo «niños ricos» con caras bonitas.
Pero la crisis volteó esas murallas y el voto contra el exchofer de Metrobús y heredero de Chávez empoderó a una oposición que combina rostros nuevos (como el del encarcelado Leopoldo López) con figuras de la vieja política como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, de la tradicional Acción Democrática (AD). Sintomáticamente, tanto López como Ramos Allup se definen como «socialdemócratas» y el segundo funge de vicepresidente de la Internacional Socialista (un organismo hoy atravesado por diversos cuestionamientos internos y pérdida de peso en el ámbito global). En un escenario de unidad formal y fuertes tensiones en su interior, Henrique Capriles trata de instalar su estrategia de apuesta principal a las urnas, con la certeza de que la polarización en las calles beneficiará a la postre a Maduro, aunque sin descuidar la presión callejera. Recientemente, Capriles declaró que se opone al impeachment a Dilma y que tanto en Brasil como en Venezuela, la salida a la crisis debe pasar por las elecciones (de hecho, eso es lo que propone el PT en una versión siglo XXI de las «Diretas já» de las postrimerías de la dictadura).En este marco, la apuesta de la oposición venezolana es conseguir llegar a un revocatorio antes del 10 de enero de 2017: la ley señala que si Maduro es revocado antes de esa fecha se debe convocar a nuevas elecciones. Pero si se pasa el plazo de cuatro años del actual mandato (que se cuenta desde que Chávez asumió su último mandato, continuado por Maduro tras vencer por escaso margen en 2013), asumiría el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Por eso, la MUD presiona para que el órgano electoral verifique con rapidez las firmas que juntó para cumplir con el primer paso rumbo a la consulta. Y por eso también, el gobierno muestra muy poco apuro para llevar adelante esa tarea.
La vocación democrática de la oposición venezolana es discutible y allí está el frustrado golpe de 2002. Pero al mismo tiempo, el referéndum revocatorio es una figura constitucional –y no de la Constitución «moribunda» sobre la que juró Chávez a comienzos de 1999 sino de la Carta Magna bolivariana que «refundó» a Venezuela–. Para el chavismo, es problemático: si el referéndum se hiciera en 2016, sus bases deberían salir a hacer campaña por el presidente, en un contexto de decepción política que invade a las fuerzas bolivarianas y de la existencia de un «chavismo no madurista»; si ocurriera después podría servir para tratar de reorientar el proceso con Istúriz a la cabeza… ¿pero hay aún margen para ello? Muchas veces pareció que el chavismo estaba terminado, pero esa sobrevida continúa.
Con todo, los niveles de crisis (económica, de seguridad, de desorganización estatal, de corrupción) parecen llevar al país a un punto de no retorno, con riesgos de violencia política potenciados por la cantidad de armas que circulan por el país. Y en este escenario, la mera denuncia de elementos desestabilizadores con apoyo externo no puede explicar el estado de las cosas. Básicamente porque en gran parte de los actos especulativos (contrabando de gasolina a Colombia o enriquecimiento gracias a los tipos de cambio) son realizados por sectores del propio oficialismo, civiles y militares. Y los saqueos, la crisis eléctrica que casi paraliza al estado, la inseguridad galopante hacen que «socialismo» (en verdad una forma de neorrentismo socialista) vuelva a rimar no solo con colas y desabastecimiento, sino con una crisis sistémica de los cimientos del régimen bolivariano. Como lo señaló el exministro de Industrias Básicas y Minería de Chávez, Víctor Álvarez:
«En el año 2010 el presidente Chávez celebró la contracción de 5,8 % del PBI como «el velorio del capitalismo». En respuesta a quienes consideraron aquella caída como el «fracaso del gobierno», Chávez respondió afirmando que «la economía que está cayendo en Venezuela es la economía capitalista». Pero destruir la economía capitalista sin construir simultáneamente una eficiente economía socialista terminó siendo el atajo perfecto para hundir al país en este círculo vicioso de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que atormenta a toda la población. Una Revolución verdadera es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. Pero la gente que hoy sufre los estragos de la escasez, especulación e inflación ha llegado a la conclusión de que «si esta calamidad es el socialismo, mejor me quedo con el capitalismo». Pasará mucho tiempo para que la gente sencilla del pueblo vuelva a creer en el socialismo como vía para lograr una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Esto ya pasó en los países del llamado socialismo del siglo XX, pero la vanguardia chavista no aprendió esa lección.»
Asimismo, la tendencia de Maduro a gobernar mediante instrumentos de excepción (y discursos donde señala que «la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca»), plantea un escenario autogolpista. Estas derivas, sumadas a expresiones propiamente gangsteriles en el interior del propio régimen, ponen en riesgo a toda la izquierda continental. Un golpe como el que significó la derrota sandinista en 1990 (movimiento atravesado por una fuerte decadencia moral pero que efectivamente sí enfrentó una brutal agresión imperial) es hoy perfectamente posible y no se lo enfrentará con éxito con cierres de filas discursivos o épicas sobreactuadas.
Hoy, la derecha latinoamericana denuncia a Venezuela y apoya la conspiración antidemocrática brasileña y la izquierda «antiimperialista» opera como espejo invertido. Se trata, sin duda, de un difícil escenario para las izquierdas continentales, en un clima de fin de ciclo cada vez más evidente. No se trata de buscar equilibrios ideales ni de ser «almas bellas» o radicales de salón, pero sí de pensar de manera honesta (aunque no menos radical) qué tipo de instituciones requiere el cambio social, pensar en serio la democracia (sin tirar al niño democrático con el agua sucia de la bañera liberal): a menudo, las formas de «democracia popular directa» se transformaron en instrumentos poco democráticos, con la Jamahiriya libia como la combinación más grotesca de despotismo personal bajo la pantalla del poder popular. Pero también, la crisis refiere a las formas de construcción política (es notable la escasa convocatoria del PT frente a la suspensión de Dilma o la desorientación del kirchnerismo tras su salida del gobierno) y la corrupción –sea para construir mayorías y comprar coaliciones (Brasil), así como en su versión más caótica (Venezuela)–.
Al final de cuentas, las perspectivas de radicalización de la democracia promueven eso (su radicalización), no la transformación de los procesos de cambio en formas de régimen que ahogan el debate interno, alinean militarmente a los militantes, premian más las lealtades oportunistas que la eficiencia y la honestidad intelectual en un simulacro «leninista» que no solo podría no ser deseable sino que básicamente no es eficaz frente a las «nuevas derechas» que se expanden en la región. Después, solo podremos contentarnos con la consoladora «épica de la derrota». 

sábado, 21 de mayo de 2016

Cultura y Revolución en " La rosa blindada"




 PRESENTACIÓN DEL LIBRO-ANTOLOGÍA: 

Jueves 26 de mayo, 19 hs, 

Facultad Cs Sociales-UBA 
(Santiago del Estero al 1.000, aula SG 01).
PARTICIPAN:
* Juan Tata Cedrón y su guitarra (integrante del Cuarteto Cedrón y de LA ROSA BLINDADA): El Tata Cedrón interpretará algunas canciones....
* Juan Martin Guevara (militante del PRT-ERP, ex preso político durante la dictadura militar, hermano del Che)
* Natalia Vinelli (Candidata a directora de Ciencias de la Comunicación-UBA, coordinadora del canal BARRICADA TV, autora de un libro sobre Rodolfo Walsh editado por LA ROSA BLINDADA)
* Néstor Kohan 
INVITAN:
- Ediciones AMAUTA INSURGENTE
- Cátedra Che Guevara 
- Cátedra "De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana" (Sociología-UBA)
- MASCARO CINE 
(Para asistentes, precio de venta de la ANTOLOGÍA directo al público......más barato que en circuito comercial)

(Si nos da el cuero el cuero habrá un vinito tinto)





viernes, 20 de mayo de 2016

Golpe sin fuerzas armadas




Enviado por Jorge Zabalza


Allá por los '70, Jorge Pacheco Areco gobernó con medidas prontas de seguridad durante 1117 de los 1541 días que fue presidente constitucional del Uruguay. El mecanismo utilizado está establecido en la Constitución para “casos graves e imprevistos, de conmoción interior o ataque exterior”. Pacheco estiró como un chicle el concepto de conmoción interior, atribuyendo a conspiraciones internacionales las movilizaciones sindicales y estudiantiles. Evidentemente Pacheco Areco empleó la Constitución como un instrumento para dar un 'golpe de estado técnico', como se le definió en aquellos tiempos y que se tradujo en asesinar obreros y estudiantes, torturar en jefatura y reprimir a sangre y fuego sin que, por ello, dejaran de funcionar el parlamento y el poder judicial. ¡Desde el punto de vista estrictamente formal todo era jurídicamente legal y constitucional! Otra cosa era cuando se miraba la realidad con ojos políticos, libres de los formalismos y exquisiteces jurídicas. Lo mismo puede decirse del 'estado de guerra interna' declarado el 15 de abril de 1972 por la Asamblea General, que suspendió constitucionalmente las garantías individuales. El presidente constitucional Bordaberry y las fuerzas armadas entendieron que les otorgaban permiso para matar y dos días más tarde asesinaron impiadosamente a los ocho compañeros de la seccional 20 del PCU.

Estos dos hechos, bien conocidos por la militancia uruguaya, permiten concluir que una constitución no es un ente imparcial o neutral como quieren hacernos creer, que no es una especie de ídolo regulador de la verdad política. La constitución es simplemente un instrumento político que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Está claro que el golpe con constitución está pensado para disimular el uso de la fuerza y confundir a sus víctimas. En ese sentido, en Uruguay, el astorismo se hace eco de la tesis jurídico formal y sostiene que en Brasil 'no hubo golpe'. Parece ocioso discutirles en ese plano. Fue un golpe de los dueños del poder para hacerse del gobierno y aplicar un paquete de políticas contra el pueblo, el mismo proyecto que se está aplicando en la Argentina, Perú, Colombia y Méjico.

Más allá de lo moderado y procapitalista del gobierno de Dilma, los sectores más reaccionarios necesitaban gobernar directamente como está haciendo Macri y su equipo de CEOs. No querían más intermediarios ni esperar a las elecciones del 2018. No se movieron solamente impulsados por argumentos de índole económica sino también por necesidades del poder. No soportaban más que las políticas asistenciales, el 'mensalao', el 'lavajato' y los privilegios estuvieran en manos de los representantes del movimiento popular. “Es la economía, estúpido, pero también es el viejo problema del poder” y, obedeciendo a dichas necesidades, la derecha ortodoxa encontró un modo 'sin fuerzas armadas' para sacarla por la fuerza de la troya, un 'golpe blando' como le dicen... pero que será bastante duro para los brasileros más desprotegidos. ¿Por qué definirlo como golpe? Porque ése es el rol político que está cumpliendo en la lucha de clases, inclinando la balanza del poder hacia el polo mas reaccionario del espectro político. Es un golpe de Estado porque así lo entienden y lo sufren los millones de brasileros que integran el movimiento popular organizado sea socialmente o en partidos de izquierda, cuyas valoraciones son un reflejo de la lucha de clases. Es un golpe de Estado a confesión de parte porque, siendo presidente interino por 180 días, Temer está actuando como presidente 'de facto' y cambiando la política económica, el papel de Brasil en el campo interamericano y agudizando el sesgo represivo que siempre caracterizó al aparato policial brasilero. Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasilero, sus organizaciones sociales y sus organizaciones de izquierda.
 
Recomiendo la lectura de la siguiente entrevista a José Correia Leite, politólogo militante del PSOL, publicada el 13 de mayo en 'Correio da Cidadania' y reproducida por 'Correspondencia de Prensa' del Uruguay.
 
Jorge Zabalza




Dilma cayó, Temer asumió y un clima de incertidumbre se cierne sobre el país. Si, de un lado, las manifestaciones que respaldaron el impeachment no se repitieron siquiera mínimamente después del logro, de otro lado, la reacción de los sectores progresistas, dentro y fuera del lulismo, todavía es confusa. Para analizar el intrincado momento histórico, Correio da Cidadania conversó José Correia Leite que liga la inestabilidad brasileira a un cuadro mundial no muy diferente de crisis sin soluciones.
 
-Correio da Cidadania: ¿Cuáles los elementos centrales de la crisis política de este período que llevaran a la caída de Dilma?
José Correa Leite: Son dos elementos básicos de partida. El primero dice respecto a la naturaleza de lo que ocurrió. No tengo duda de que fue un golpe institucional, que está en la secuencia de un proceso visto en otros países de América Latina, como Honduras en 2009 y Paraguay en 2012. Gobiernos electos por el voto popular son sustituidos por articulaciones de ocasión de las oligarquías, para derribar legalmente al presidente. Por tanto, frustran la voluntad y soberanías populares, al ver presidentes electos cambiados por oligarcas. Es la primera caracterización. Está de acuerdo con los cambios institucionales del continente en las últimas décadas, en que los militares ya no son la columna vertebral del conservadurismo, pero, si, las instituciones políticas y los grandes medios de prensa.
El segundo elemento central que parece definidor es que tenemos el agotamiento del ciclo petista, que corresponde a un cambio de período. No es simplemente el cambio de coyuntura, sino de período histórico, en sintonía con el mismo cambio de período histórico de América Latina. El período de reformas neoliberales de los años ’80 y ’90 generó resistencias populares, que acabaron expresándose en casi todos los países, gobiernos que se decían “antineoliberales”, o con mandatos de tal orientación. Partidos de izquierda fueron capaces de galvanizar el descontento con las políticas neoliberales y llegar a los gobiernos.
Raramente tales gobiernos hicieron rupturas con la orientación política neoliberal. Tuvieron el carácter de gobiernos que aplicaron políticas que podríamos definir como de redistribución neo-extractivista. O sea, en la nueva división internacional del trabajo cupo a los países latinoamericanos el papel de ofrecer commodities, materias primas agrícolas más baratos, para el avance de la industrialización asiática. En Brasil eso fue muy claro, inclusive con énfasis no sólo en la exportación de minerales de hierro, productos agropecuarios, sino también con la extracción de petróleo el pré-sal. Al mismo tiempo, se aplicaron políticas redistributivas. Los fondos venidos de tales exportaciones eran parcialmente derivados hacia políticas de redistribución del ingreso, que tuvieron impacto positivo en el combate a la pobreza, principalmente por la inserción de capas de la población en el mercado de consumo.
Ahora volvemos, en muchos lugares, a la aplicación de la política neoliberal plena. Significa un esfuerzo de reversión de elementos progresistas anteriores. Para la izquierda del continente que vivió 15 años en un ambiente rosa, es un cambio sustancial. Es lo que va a ocurrir en Brasil.
-Correio da Cidadania: ¿Por tanto, es el cambio de era, más allá de la coyuntura, lo que explica la transición forzada y hasta golpista, del poder al PMDB y evita el fardo de presentar tal programa en una disputa electoral?
José Correa Leite: Temer recibe un mandato para combatir la recesión económica con el programa que Dilma no conseguía llevar adelante. Es un gobierno vinculado ante todo al capital financiero y al agro-negocio sin elementos reformistas como antes. Es un gobierno de carácter conservador. Eso queda claro en el gabinete ministerial, que tiene la emblemática figura del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, comprometido aquí en San Pablo con el escamoteo de informaciones básicas de seguridad pública. Ni siquiera informaciones de homicidios se logra obtener con tal figura. De los 21 ministros, dos son investigados por corrupción y siete son citados por las investigaciones de la Operación Lava Jato. Estamos, por tanto, lidiando con un grado enorme de gansterismo.
Es un gobierno que tiene un corte claramente conservdor y al mismo tiempo no marca una ruptura tan profunda con el bloque de poder, cambiando al PT y PC do B por el PSDB y DEM. Así, muchos problemas que marcaron la política institucional permanecen. Eso hace con que podamos prever un escenario de inestabilidad, porque en principio el mandato viene con políticas muy impopulares: corte de gastos sociales, ajuste fiscal, congelamiento salarial...
No obstante, tales políticas tienen un precio electoral. Y no me parece que la base de sustentación del gobierno se disponga a promover políticas. Así, tendremos la continuidad de la inestabilidad política, pero, bajo un gobierno conservador.
Esta inestabilidad también se hace presente por las cuestiones pendientes sobre la salida de Dilma -decisión del Supremo Tribunal Federal- y por la eventual divulgación de nuevas cuestiones de la Operación Lava Jato.
Así, la política económica de corte liberal más claro puede provocar reacciones populares en las calles, movilizaciones importantes. Pienso que estas coordenadas diseñan lo que podemos esperar del gobierno Temer.
-Correio da Cidadania: ¿Sobre el agotamiento del ambiente rosa y la venida de una nueva derecha a retomar viejos ciclos, que vislumbra usted en la economía en este momento?
José Correia Leite: No da para retomar viejos ciclos. El cuadro internacional es muy desfavorable, no sólo en América Latina sino en el mundo en general. Desde 2008, el crecimiento es bajo en todas las regiones del planeta. Necesariamente, el capitalismo tendrá que inventar alguna cosa nueva. A medio y largo plazo, la aplicación de políticas neoliberales tiende a generar procesos mucho más recesivos.
Es muy difícil visualizar las alternativas posibles dentro del sistema. En toda parte, el dominio del capital financiero sigue imbatible. El bloque del poder no se alteró en el mundo. Tenemos una continuidad de políticas neoliberales, con una gran capacidad de crecimiento. De ese modo, podemos especular sobre eventuales salidas todavía más conservadoras, como se ve con la derecha xenófoba de Europa o con Donald Trump en los Estados Unidos. Significarán políticas más nacionalistas, más de corte autoritario.
En el caso brasilero, es difícil que este tipo de nacionalismo gane terreno. Podemos tener un conservadurismo de naturaleza antisocial más establecido. Pasaría por el sustancial fortalecimiento de la figura de un Bolsonaro en la próxima elección en 2018. Pero todavía es especulación.
-Correio da Cidadania: Todavía dentro del contexto económico, recientemente, el analista político argentino Jorge Benstein teorizó que la derecha que retorna al poder a través de figuras como Macri en Argentina no es igual a la derecha tradicional de los años ’90, además de optimista tendría fundamentos económicos más sólidos. Sería algo más “nihilista”, una “lumpenburguesía”, lo que en cierta medida coincide con la columna de Jânio de Freitas en Folha de Sâo Paulo de este jueves. Gobierno al servicio de los que siempre tuvieron más, quieren todo de una vez y punto final.
José Correia Leite: Sí, es una derecha con intereses completamente particularistas. En ese sentido, es interesante recuperar el análisis de Marcos Nobre, de la Unicamp (Universidad de Campinhas) que estudia al PMDB. Según él, FHC (Fernando Henrique Cardoso) y Lula gobernaron con macro-coaliciones, grandes articulaciones de gobierno capaces de incorporar múltiples intereses particularistas a una orientación general. Y Dilma, frente a la crisis internacional, intentó alterar el cuadro de forma tecnocrática, lo que dio mal. Intentó, por ejemplo, mezclar un trípode macroeconómico, lo que sería una alternativa progresista, pero no fue capaz de consolidar una nueva orientación política para su gobierno. Al hacer eso se confrontó con intereses muy poderosos del capitalismo financiero global.
La pregunta que queda es:¿será posible que en el próximo período exista una orientación política de la burguesía con capacidad hegemónica, de modo de reunificar múltiples sectores de la clase dominante y de la sociedad en torno de una orientación? Parece que no.
En ese sentido, y de acuerdo con el análisis de Benstein, asistimos en Brasil y en América Latina a una lucha desesperada de cada sector por su propia sobrevivencia. Y la disputa por las migajas en un cuadro en que la mesa está quedando más chica. Es un elemento importante para entender porque Dilma cayó. No es algo inmediato. Ella, aparentemente, implementaba la continuidad de la política de Lula. Pero de hecho ella intentó darle estabilidad al gobierno con una continuidad de la política de FHC de contención macro-económica, lo que mantenía al capital financiero dócil.
-Correio da Cidadania: ¿Cuánto hay de oposición de izquierda, cómo debería actuar, dentro o fuera de la institucionalidad?
José Correia Leite: La recomposición de la izquierda es un proceso que lleva tiempo, e incluso los reposicionamientos tácticos demoran, por ejemplo, los petistas todavía de mueven lentamente. Hay un vacío en la orientación petista, dado que la propia Dilma es una figura difícil de lidiar. Pero Lula, ya hace tiempo, trabaja con la idea de quedar en la oposición y prepararse para la disputa de 2018. En ese sentido, los petistas están construyendo una narrativa de lo que está pasando y cuál fue la naturaleza del golpe, con el fin de disputar una adhesión de masas. Eso busca consolidar su base social, que subsiste, e intentar preparar una nueva disputa más adelante.
Es una alternativa esencialmente falsa, al decir que el gobierno fue derrocado por sus cualidades, por haber promovido la inclusión, la reducción de la desigualdad, etc. Existieron tales elementos en la política, pero la disputa y la caída de Dilma se dio dentro de un cuadro en el cual la orientación era muy conservadora, con profundas políticas de ajuste.
Es evidente que el ciclo petista deja un legado de reducción de las desigualdades sociales en el país por la inclusión de sectores antes marginados del mercado como consumidores. Por tanto, refuerza una serie de características conservadoras, cuya expresión más paradojal es la teología de la prosperidad de las iglesias pentecostales. Personas que viven bajo tal creencia y fueron “bendecidos” por esas políticas económicas, atribuyen la mejoría de su situación a dios, y no a las políticas económicas.
Por tanto, el legado es contradictorio. Claro que el PT y sus partidos satélites van a pasar a la oposición con un punto de vista progresista. Van a colocarse como izquierda que combate al gobierno de la derecha. Es el balance de los gobiernos Lula y Dilma que venderán. Eso coloca para la izquierda que combatió el proyecto petista, hoy más visible en el PSOL (Partido Socialismo y Libertad), la tarea de conseguir llevar adelante un proceso de recomposición, de construcción de nuevas referencias, otro proyecto de poder para la sociedad brasilera, capaz de materializar un bloque histórico popular, con el fin de enfrentar las tareas pendientes, como las grandes reformas estructurales en la sociedad brasilera.
No será la afirmación de una izquierda sólo a partir de lo nuevo. Tendrá que ser capaz de incorporar, además de las nuevas generaciones políticas, a una parte de aquellos que se identificaron en el pasado con las políticas de Lula y Dilma. Tendrá que ser capaz de conducir luchas de frente único, de dialogar con sectores del antiguo bloque histórico. Para dar un ejemplo concreto: una de las cosas que delinean en el gobierno Temer es la desvinculación presupuestaria de la educación y la salud. Claro que tiene un carácter de corte de inversiones sociales.
Para combatir este proyecto, el PSOl, el PCB (Partido Comunista Brasilero) y el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) pueden estar juntos en las calles junto al PT, el PCdoB (Partido Comunista del Brasil) y el PDT (Partido Democrático Laborista); lucharan juntos contra las políticas antisociales del gobierno Temer. Así, habrá una reeducación de la militancia que se forjó en los últimos 15 años de luchas contra el gobierno del PT y sus aliados. Por lo tanto, es un giro político importante, pues tendremos algunas luchas de frente único al lado de sectores que eran gobierno hasta hace poco. Va a causar extrañeza en una militancia joven que pasó toda su vida política bajo los gobiernos del PT. Una generación que desarrolló conciencia en una época que los gobiernos petistas aplicaban políticas regresivas en varios aspectos.
Otro aspecto es que el PT tendrá que ser oposición en las calles también, terreno donde no sabemos exactamente lo que sobrevivió del partido, después de tanto tiempo en la institucionalidad. ¿Cuál el poder de convocatoria de organizaciones como la CUT (Central Única de los Trabajadores) y la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) como oposición? Tendremos varios test políticos en que veremos con precisión cual reposicionamiento político del petismo en la lucha de clases brasilera. En principio, será una oposición de izquierda a un gobierno de derecha, aunque todavía una izquierda bastante color rosa, con colores muy pálidos luego de su pasaje por el gobierno.
Y también muy comprometida con la campaña de Lula en 2018, figura que es blanco de una destrucción de la derecha, pero que mantiene un apoyo popular importante. Sabemos que el proyecto de Lula es extremamente moderado, un proyecto donde todos ganan, desde los banqueros a los beneficiarios del Bolsa Familia. Algo así ya se mostraba impracticable en el primer mandato de Dilma, en función de la profundidad de la crisis. Es otro elemento de disputa entre la izquierda socialista y el petismo en el próximo período.
Todo eso hace parte de una disputa narrativa y un balance de lo que pasó en Brasil y en América Latina en la última década y media. La izquierda socialista apunta, por encima de todo, a la insuficiencia de las políticas del lulismo. El petismo va a enfatizar los logros obtenidos bajo los gobiernos de Lula y Dilma. Tal disputa de narrativa es clave para el futuro de la izquierda brasilera. Definirá cual fuerza de izquierda socialista en el próximo período.
-Correio da Cidadania: ¿Vislumbra la posibilidad de que la idea de elecciones generales gane fuerza en el sentimiento popular?
José Correia Leite: Para completar, tendremos que saber cuál será la bandera de enfrentamiento al gobierno Temer. En este año, en lo inmediato, no puede ser otra que nuevas elecciones. Sabemos que no existe correlación de fuerzas para eso, pero puede existir y tornarse opción masiva caso que el gobierno Temer no consiga presentar soluciones estabilizadoras de corto plazo. Puede ser también un elemento de inestabilidad, de peso, para el gobierno Temer. El problema es que esa bandera ha sido bloqueada por el propio PT, con el argumento de que Dilma tiene que agotar todo el proceso legal del impeachment. Pero así perderemos el momento de levantar esa bandera, que debería estar pronta para salir a las calles ahora mismo.
Mientras tanto, el petismo está discutiendo que no puede levantar esa bandera ahora, porque perjudica la defensa de Dilma en el Senado y el Supremo Tribunal Federal. Es un preciosismo completo. Estas instituciones están comprometidas con el golpe institucional. Por eso, la única posibilidad de revertir el juego e impedir que el gobierno Temer se asiente, es cuestionar su legitimidad y apuntar que el cambio de gobierno debe estar de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo, con nuevas elecciones.
Claro que idealmente tales elecciones deberían ser también elecciones parlamentarias, a fin de barrer la corrupción generalizada que toma cuenta del Congreso. Pero eso sólo sería posible con una sublevación popular en las calles, contra el orden político, como en 2013, pero de modo muy amplificado. No me parece que eso esté en el horizonte, inclusive por el desgaste institucional del PT y el grado de articulación entre golpistas, instituciones, grandes medios...
La demanda sobre la convocatoria de nuevas elecciones para presidente es relativamente simple de hacer y ser entendido por el pueblo, en torno del 60% de las personas ya prefieren nuevas elecciones. Pero la idea pierde validez y caduca, caso el gobierno Temer termine el año estable. Pero, en un plazo inmediato, es la bandera que puede mover la correlación de fuerzas de la actual coyuntura.
* Docente en ciencias políticas, militante del PSOL.

martes, 17 de mayo de 2016

La defección




Gallo Rojo No1 Mayo2016
Por Jorge Zabalza 


En 1986 el Poder Judicial citó a varios oficiales del ejército -José Gavazzo entre ellos- acusados de cometer crímenes contra la humanidad. Con el respaldo de su comandante en jefe, general Hugo Medina, los indagados anunciaron el desacato a la orden judicial. A meses de recobrada la legalidad formal, tutelada es cierto, pero legalidad al fin, ya había una amenaza golpista. Hubo alerta roja en las alturas y, en consecuencia, días de intensos cabildeos entre los caudillos electorales. El presidente Julio M. Sanguinetti salió desesperado a buscar aliados; quería una ley que amnistiara a los criminales del terrorismo de Estado para compensar la amnistía de los presos políticos votada por el parlamento en marzo de 1985. Como condición para apoyar esa salida, Wilson Ferreira Aldunate exigió que tomara estado público lo acordado en el Pacto del Club Naval (agosto de 1984).
Entonces, el Partido Colorado y la Unión Cívica reconocieron que, para regresar a los cuartles, los generales habían chantajeado a los dirigentes políticos, forzándolos a plegarse a la 'lógica de los hechos'. Es decir, habían aceptado implícitamente que ningún militar sería juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Con palabras de Líber Seregni, líder del Frente Amplio presente en el Club Naval: la impunidad 'sobrevolaba o subyacía' lo acordado. En conclusión, el Club Naval no fue una desbandada de militares que corrían con la cola entre las patas: fue un repliegue ordenado. Los generales consintieron el retorno de las instituciones formales siempre y cuando las fuerzas armadas conservaran el poder de tutelarlas, colocando límites claros a la acción del poder judicial y a las libertades y derechos ciudadanos.

El apoyo de Wilson fue decisivo para que se aprobara la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y para que, con el consenso de los partidos del sistema, se violara la separación de poderes establecida por la Constitución. El 22 de diciembre de 1986, justo a tiempo para evitar que se produjera el motín de Gavazzo y su patota, Sanguinetti promulgó la ley. Meses después, las declaraciones de Hugo Medina a la revista 'Búsqueda' (7/03/1991) confirmaron que si el parlamento no hubiera aprobado la ley, se habría visto obligado a dar un nuevo golpe porque 'ése era el pensamiento de las Fuerzas Armadas'. Hoy día, esta acción de forzar que por ley se declare el privilegio de impunidad para algunos criminales sería calificada de 'golpe blando'.

Desde el Club Naval, la 'familia militar' viene presionando para que la élite política cumpla el pacto de impunidad. La 'familia' es el partido político de la doctrina de la seguridad nacional. Un partido que gradúa su presión política a las condiciones del momento: no es lo mismo la amenaza de golpe, como en 1986, que exigir el aumento de sus salarios o autoproponerse como educadores de la juventud pobre y descarriada, como hicieron la semana pasada.

Desde 1985 a esta parte...¿alguien ha oído algún discurso militar que interprete la oleada de golpes militares como consecuencia de los planes del FMI y el Departamento de Estado? No, por el contrario, la 'familia militar' justifica el terrorismo de Estado como la acción necesaria para salvar 'la nación agredida por la subversión y el comunismo internacional' y, por consiguiente, ¿qué sentido tiene ser juzgado por algún daño colateral propio de la guerra? La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado es irrenunciable, es su fortaleza, el bastión que les asegura un lugar hegemónico en el sistema de poder. La batalla por la impunidad es la batalla por mantener la tutela sobre la democracia formal.

El Voto Verde

Desde el día mismo de la aprobación de la ley de impunidad, irguiéndose con dignidad frente a los tuteladores, el movimiento popular salió a enfrentar al malón de los milicos. A instancias de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en enero de 1987 se conformó una Comisión Nacional para impulsar la realización de un referéndum revocatorio de la infame ley. Paralelamente se presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, la cual lo resolvió negativamente en mayo de 1988.

Tres mujeres encabezaron la campaña: María Esther Gatti, madre, suegra y abuela de desaparecidos, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini, madre de Margarita -salvajemente torturada como rehena de la dictadura- y Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. En primera fila también estuvieron Eduardo Galeano y Mario Benedetti, junto al PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM y el Serpaj. Espontáneamente los vecinos de Montevideo organizaron comisiones barriales para la campaña de recolección de firmas; lo mismo ocurrió en las ciudades del interior del país. El Frente Amplio apoyó la movilización. Fue una lucha de todo el pueblo, que permitió identificar a quienes estaban comprometidos con la estrategia de las fuerzas armadas. La Comisión presentó más de 634.700 firmas ante la Corte Electoral. El 16 de abril de 1989 se realizó el plebiscito: el 57 por ciento de los uruguayos votó por mantener la Ley de Caducidad, y el 43 por ciento por anularla.

La amenaza golpista, que era muy real y asustó mucho, logró evitar la victoria del Voto Verde, pero no pudo impedir que la verdad se popularizara y creciera el sentimiento de horror ante la barbarie de los milicos. ¿Alguien puede sostener que el común de la gente acepta naturalmente la tortura, las violaciones y las desapariciones forzosas? Por el contrario, más allá de la parálisis del poder judicial y de la derrota sufrida, es un hecho que el pueblo uruguayo ya laudó y condenó ética y moralmente los crímenes del terrorismo de Estado. Amplios sectores populares no se han sometido resignadamente a la tutela de los cuarteles. La lucha por Verdad y Justicia cuenta con una importante base social.

La demanda por Verdad y Justicia debió ser trasladada al plano internacional: en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Uruguay no cumplía con sus obligaciones internacionales, porque la ley de caducidad violaba los derechos de las víctimas a un juicio justo. Dos años más tarde, el Comité de DDHH de la ONU entendió que con la ley de 1986 se había creado en Uruguay 'un ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y dar lugar a más violaciones graves de derechos humanos'. Los pronunciamientos internacionales no movieron ni un pelo de las cejas a Julio M. Sanguinetti, pero los antecedentes quedaron sentados y más tarde servirían para fundamentar la necesidad de anular la ley de caducidad. También fueron utilizados por los jueces que creyeron en la justicia de no dejar impunes los crímenes de la institución militar.

El resultado del plebiscito confirmó a las fuerzas armadas que su estrategia era correcta y las reafirmó en su voluntad de continuar presionando y actuando por fuera de los mecanismos republicanos de control. A mediados de 1993 las fuerzas armadas, como institución, impidieron la investigación del asesinato al ciudadano chileno Eugenio Berríos, agente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un desacato en todos sus términos, un verdadero golpe de Estado que Luis Alberto Lacalle, el presidente constitucional, debió soportar mansamente, con una sonrisa en los labios.

El debate

Una intensa agitación seguía reclamando Verdad y Justicia a gobiernos que cerraron filas en la defensa de la impunidad. Con sus contradicciones y ambiguedades, hasta el IV Congreso de diciembre del 2003, el Frente Amplio se había mantenido bastante firme en la trinchera opuesta, luchando por Verdad y Justicia. El domingo 21 se puso a consideración de los 1.500 delegados la política de derechos humanos que debería desarrollar un gobierno frenteamplista en caso de ganar las elecciones nacionales. El compañero Hugo Cores sostuvo que el futuro gobierno debía promover activamente la anulación de la ley de caducidad. Dicha ley, explicó, no había servido a la reconciliación nacional, por el contrario, las heridas se mantuvieron abiertas, como demostraban las marchas de los 20 de mayo (iniciadas en 1996), las protestas de los familiares, madres e hijos de desaparecidos (los escraches a Gavazzo y Cordero entre ellas) y la actuación de algunos jueces. Por otra parte, explicó Cores, la desaparición forzosa es un delito permanente según la legislación internacional ratificada por las instituciones nacionales (Convención de Costa Rica, los Tratados de Ginebra y la Convención de Viena). De ninguna manera Uruguay puede renunciar a juzgar y castigar delitos que se están cometiendo en el momento actual, en el presente y no en el pasado. Con un gobierno del Frente Amplio, no podemos seguir siendo 'el paraíso de la impunidad' que venimos siendo con blancos y colorados, expresó gráficamente Cores. Finalmente, poner término a la impunidad sería una importantísima señal política hacia la 'familia militar': el gobierno del Frente no está dispuesto a tolerar la tutela y las presiones que toleraron los gobiernos blancos y colorados.

Entonces, en nombre del MPP y de José Mujica, su 'fundador', salió a la palestra Eleuterio Fernández Huidobro, quién puso el acento en respetar el resultado del Plebiscito de 1989, actitud necesaria para ganar las elecciones nacionales: “Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria”. Dicho y hecho, Fernández renunció a todo, fue electo senador y comenzó su viaje sin retorno. Con esos argumentos pueriles logró que 746 congresales lo acompañaron en su renuncia a los principios éticos de la izquierda. Por fortuna, 549 delegados votaron por la dignidad del Frente Amplio defendida por Hugo Cores. Con la presentación en sociedad de Huidobro y Mujica en su nuevo papel de operadores de la impunidad, la defección del Frente Amplio -y del futuro presidente Tabaré Vázquez-, volcó definitivamente la balanza a favor de la impunidad y de los tuteladores. Las banderas de la Verdad y la Justicia pasaron a ser exclusividad de los movimientos sociales y las organizaciones de DDHH.

Tabaré Vázquez

Sin salir de la ley de caducidad, el presidente Vázquez reabrió la investigación en el caso de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelow y Rosario Barredo y facilitó las excavaciones del equipo de antropólogos argentinos especializado en la búsqueda de los desaparecidos. Además, durante su gobierno, concurrieron a declarar en los juzgados varios oficiales imputados por delitos de lesa humanidad, fueron procesados Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco y se encontraron los cadáveres de Ubasgener Chávez Sosa y de Fernando Miranda que habían sido forzosamente desaparecidos. Otros episodios del gobierno de Vázquez contradijeron, sin embargo, las expectativas que pudieran haber despertado los anteriores hechos: creyó verdadera la ubicación del cadáver de la nuera del poeta Juan Gelman que proporcionó el general Barneix, que luego resultó procesado por el asesinato de Aldo Perrini; promovió el ascenso de oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad (el general Dalmao, entre ellos); y, finalmente, quiso instaurar el 'Día del Nunca Más' que, de hecho, podría haberse denominado día del olvido y del perdón.

A raíz del archivo de la causa penal por la desaparición de sus padres, Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, debió presentarse ante la CIDH en mayo del 2006, denunciando al Uruguay por la impunidad y por la violación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El poder judicial uruguayo no ofrecía ninguna clase de garantías en materia de crímenes de lesa humanidad y por consiguiente la familia Gelman debió recurrir a los organismos internacionales.

Tabaré Vázquez podía haber aprovechado la ocasión para respetar la legislación y los laudos internacionales ya existentes, que condenaban al Estado uruguayo por la situación de impunidad y le recomendaban la anulación de la ley de caducidad. A partir de la solidaridad con Macarena y Juan Gelman, podía haber lanzado una campaña educativa de la opinión pública, reivindicando la Verdad y la Justicia como un principio esencial de la democracia republicana. Desde la presidencia de la república podía haber puesto en marcha los mecanismos institucionales que conducían a la nulidad de la caducidad. Esa actitud, coherente con el espíritu de la fuerza política, habría despertado admiración y elogios en el mundo entero y, en especial, en América Latina. Como ocurrió con Néstor Kirchner. En cambio, Tabaré Vázquez prefirió colocarse en una posición de falsa imparcialidad, pretendiendo reconciliar la nación a cambio de no juzgar ni castigar a los culpables y así ayudó, de hecho, a fortalecer la postura hegemónica de la 'familia militar'.

Fariseísmo

La falta de garantías llevó a conformar la Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad el 29 de julio del 2007. La presidió el escritor Eduardo Galeano y la integraron las organizaciones sociales con mayor convocatoria: el PITCNT, la FEUU, FUCVAM, SERPAJ y Amnesty Internacional. También participaron personalidades de los partidos políticos, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a título individual y varias organizaciones barriales y del interior del país. La campaña de recolección de firmas debió sortear diversos y sucesivos obstáculos políticos, en especial la oposición de importantes sectores del Frente Amplio (Asamblea Uruguay, Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, Alianza Progresista) que hicieron suya la tesis de Fernández Huidobro del 2003. La actitud dubitativa de las principales figuras del Frente (Vázquez, Mujica, Astori) sembró dudas y recelo en la opinión pública y dividió al movimiento popular, impidiendo, por ejemplo, que Madres y Familiares se incorporara como colectivo a la campaña.

Aún así la voluntad de los núcleos militantes, con un rol muy activo de la juventud, logró recolectar unas 300.000 firmas por la anulación, hecho que demostraba el sentimiento mayoritario en la población. Cuando ya se habían juntado más de 120.000 firmas, José Mujica concurrió a la sede del PITCNT y, en una de sus habituales actitudes de duplicidad, mientras estampaba la suya en una de las planillas fundamentó en contra de firmar para juzgar y castigar a los culpables. Llamó a enterrar el odio y encontrar caminos de reencuentro: “No podemos ser carceleros de nuestros carceleros”, sentenció.

En diciembre del 2007 el V Congreso del Frente Amplio decidió apoyar la recolección de firmas, desdiciendo la posición del congreso anterior pero, en la práctica, muy pocos comités de base se incorporaron a la campaña, se retaceó el apoyo financiero y los caudillos electorales evitaron pronunciarse públicamente a favor de la anulación. Para que la Verdad y la Justicia triunfaran, habría bastado conque José Mujica convocara en sus discursos electorales a votar por la anulación de ley como había firmado. No lo hizo, predominó el fingimiento o fariseísmo.

El 14 de junio del 2009 la Corte Electoral validó las 258.326 legalmente necesarias y convocó al plebiscito para el día de las elecciones nacionales. Cabe destacar que el 19 de octubre, una semana antes de las elecciones, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley de caducidad en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray del que estaba acusado el general Dalmao, en actividad y con mando de tropa. La sentencia convalidaba los argumentos empleados para la lucha por la anulación. En esos mismos días se realizó una marcha por la Avenida 18 de julio, multitudinaria marcha pese a la lluvia, fue la mayor movilización de toda la campaña electoral. El 25 de octubre del 2009 las papeletas rosadas alcanzaron el 48% de los votos emitidos, faltaron 46.500 más para la victoria de la Verdad y la Justicia. En Montevideo votó por la anulación el 56% del electorado y en Canelones lo hizo el 51%. Pudo comprobarse que hubo sectores del Frente Amplio que sabotearon el plebiscito.

Jose Mujica

La nueva derrota plebiscitaria dio alas a su militancia por el olvido y del perdón. En uno de sus primeros actos como presidente de la república (marzo/2010) Mujica convocó a una asamblea de militares en la base aérea N° 2 en la ciudad de Durazno; con los altos mandos y unos 350 oficiales presentes, el presidente llamó a la unidad nacional entre las fuerzas armadas y el pueblo, objetivo que sólo podría alcanzarse, según él, olvidando y perdonando: “Estas Fuerzas Armadas -de hoy- no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”.

En setiembre del mismo año Mujica reafirmó sus intenciones frente a los altos mandos de las fuerzas armadas: les prometió un aumento del 33% para los sueldos de los militares de todo rango, el mayor aumento presupuestal de la historia. Como propina los tranquilizó sobre sus buenas intenciones: en su corazón no había deseo alguno de revanchismo, hay que perdonarlos y abrazarse con ellos. Prometió una ley que permitiera la excarcelación de los 'viejitos' pese a sus crímenes abominables.

El 24 de febrero del 2010 la CIDH emitió un fallo para el 'caso Gelman vs. Uruguay'. El organismo condenó al Estado uruguayo como responsable por la desaparición María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija Macarena, estableció que Uruguay no cumple con 'la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre derechos humanos' y obligó al gobierno a iniciar una investigación diligente y castigar las despariciones forzosas, pues la ley de caducidad 'carece de efectos jurídicos'. Por otra parte, condenó el Uruguay a una serie de reparaciones como un acto público para pedir perdón en nombre del Estado, tanto por los crímenes del terrorismo como por la impunidad actual para esos mismos delitos. El presidente Mujica se apresuró a cumplir con el acto de contricción y la reparación económica estipulada pero, al igual que los gobiernos anteriores, evitó tocar los fundamentos de la impunidad.

Empantanados por el fariseísmo de sus grandes caudillos, el Frente Amplio se enredó en un farragoso debate para encontrar una salida legal al intríngulis. Necesitaban una ley que colmara las expectativas de quienes luchaban por Verdad y Justicia y, al mismo tiempo, no irritara a la inquietante la 'familia militar'. Se anular clara y directamente la nefasta ley de caducidad. Hubiera sido un ejercicio del poder político para el cual el Frente Amplio contaba con la mayoría necesaria en el parlamento. No se atrevieron. Sin embargo, algo debían hacer, incluso para quedar bien con los requerimientos de los organismos internacionales y, en octubre del 2011, aprobaron la ley N° 18.831 que no es pato ni gallareta, restablece la 'pretensión punitiva del Estado' y la imprescriptibilidad de los delitos del terrorismo de Estado, pero no anula definitivamente la ley de caducidad. Esa bruma de indecisiones la aprovecharon los magistrados reaccionarios de la Suprema Corte que, para el caso del maestro Julio Castro, desaparecido por el ejército, declararon inconstitucional la 18.831, entendieron que el delito había prescripto y decretaron el archivo del expediente. Los probados culpables siguen en libertad.

Para el 18 de mayo del 2012, el acto de homenaje a los cuatro soldados 'caídos en defensa de la patria' fue integrado por primera vez a las actividades del 'día del ejército'. Hasta ese año lo organizaban los centros militares, pero ahora pasó definitivamente a formar parte del programa oficial organizado por el comando general del éjercito nacional. Por la vía de los hechos se lo convirtió en un día de homenaje oficial del Estado, de manera similar a como los 19 de abril se recuerda la batalla de Sarandí. El jefe de la división N°1 del ejército presionó para que los soldados fueron obligados a concurrir uniformados. Por ahora quedó en intentona, pero el hecho refleja la intención de ir ocupando espacios desde donde influir sobre la sociedad. No es casual que este cambio se haya dado durante la presidencia de José Mujica y con Fernández Huidobro de ministro de defensa.

En febrero de 2013, la Suprema Corte decretó el traslado de la jueza Mariana Mota, sacándola del juzgado donde estaban radicados más de 50 expedientes por crímenes de lesa humanidad. En varios casos, la jueza Mota había sido atacada y descalificada por el ministro Fernández Huidobro. Resulta bastante claro que los magistrados reaccionarios encontraron la oportunidad política para trasladarla y para enviar a los demás jueces un mensaje bien claro: el poder judicial debe constituirse en una muralla para la defensa de la impunidad. El fariseísmo que domina en la élite del Frente Amplio ha sido funcional a las actitudes más retrógradas de la Suprema Corte y al predominio de la visión de impunidad impulsada con firmeza por las fuerzas armadas.

20 de mayo del 2016

A pesar de que confesó haber torturado, el capitán Asencio Lucero fue procesado solamente por el delito de privación de libertad. La jueza Julia Staricco entendió que en el código penal de los '70 la tortura no configuraba delito y que a Lucero no se le puede aplicar retroactivamente la ley actual. Es decir, en la cabeza de la jueza no ha logrado entrar la definición de la legislación internacional: ¡la tortura es un delito permanente!, ¡se está cometiendo ahora, no en 1972! ¡A Lucero hay que procesarlo por torturador!. La jueza y el fiscal también hicieron oídos sordos a las denuncias de violación sistemática a las treinta mujeres que estuvieron detenidas en el regimiento de caballería N°9 donde Lucero estaba al mando del servicio de inteligencia. ¿A alguien puede extrañarle esta expresión judicial de la cultura de impunidad que caracteriza la mentalidad dominante en el Uruguay de hoy día? Si en el país dominara el espíritu de la Verdad y la Justicia... ¿la jueza habría fallado así?

La impunidad de los torturadores y asesinos del pasado se impone en el presente como impunidad para el uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial. Las instituciones públicas, los medios masivos de prensa y los partidos políticos de todo pelo, aceptan la 'mano dura' como una necesidad social y política. Es una victoria ideológica de aquellos que treinta años atrás exigieron su impunidad como 'lógica de los hechos'. Paso a paso el partido militar ha logrado que los demás partidos retrocedan y defeccionen, paso a paso ha hecho caer en su telaraña a toda la élite política. Salvo algunos sectores muy menores del Frente Amplio, no se salva nadie. Que el Uruguay sea un paraíso de impunidad, donde domina la cultura de impunidad y existe un clima de impunidad no es obra y gracia de la mano de dios. Las fuerzas vivas de terrorismo de Estado -la 'familia militar'- hegemonizan las maneras de sentir y de pensar, imponiendo la vergonzosa ideología de la represión, la mano dura y la impunidad, la ideología que hiere de muerte el corazón de la democracia, las libertades y los derechos.

Según el Observatorio Luz Ibarburu se han realizado 272 denuncias judiciales por crímenes de lesa humanidad: tortura, violaciones, secuestro de niños, homicidio y desaparición forzosa. Desde 1985 a esta parte, ¡31 años! Solamente seis de ellas, apenas un 2% del total, tienen sentencia. Unos 170 expedientes (62%) aguardan en la etapa de presumario, situación que, por lo general, significa una forma de congelarlos. Otros 67 (24%) fueron archivados por distintos motivos. No hace falta ser muy radical de pensamiento para darse cuenta que las causas de derechos humanos avanzan por goteo, cadatanto una gotita de esperanza, cada tanto una gotita de desilución. El esfuerzo principal de investigación recae sobre un pequeño grupo de abogados y sobre los familiares denunciantes. Hasta las direcciones de los militares denunciados deben proporcionar, porque el gobierno no obliga a su ministerio de defensa a colaborar con el juzgado. A las víctimas solamente les quedó, como último recurso, radicar en un juzgado de Italia la denuncia por el Plan Cóndor, las torturas y las desapariciones forzosas.

Dependiendo de la presidencia de la república se creó la 'secretaría de DDHH de presidencia' que desempeña Javier Miranda, la 'secretaría de DDHH para el Pasado Reciente' a cuya dirección renunció hace poco la historiadora Isabel Wschebor y el 'Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia' donde revistan Macarena Gelman, Pedro Sclofsky, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Ademar Olivera y Mario Cayota. Salvo las excavaciones del equipo de antropología, no se está haciendo nada serio para terminar con la impunidad, pero no es por falta de organismos cuyas áreas de trabajo se superponen y a todos se les retacea presupuesto. Realmente los 'escraches' hacen más que la acción del gobierno para agitar y divulgar la barbaridad de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Una tarea necesaria si se quiere que nunca más se repita el terrorismo de estado.

En Uruguay no hay garantías para la Verdad y la Justicia. Ni en el gobierno ni en el poder judicial. Están cerrados los caminos legales y parlamentarios... ¿cómo hacer? ¿cómo seguir luchando por la Verdad y la Justicia? Alguien que lo explique.

Este 20 de mayo marcharemos como siempre tras las fotos de los que faltan. Marchando con la Tota, María Esther y Blanca Artigas, con las que nunca defeccionaron, por un momento sentiremos que vamos caminando hacia la liberación social.

Jorge Zabalza